lunes, 10 de noviembre de 2014

Denuncian nepotismo en Escuela Rafael Urdaneta de Valencia

Ricardo Marín
La Real Academia Española (RAE) define el nepotismo como la “Desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos”. O sea que un funcionario público privilegie a un familiar sobre el resto de los concursantes para optar a un cargo en una institución del Estado; hecho que incluso puede catalogarse como una forma de corrupción. Aún cuando toda expresión de corrupción debe ser motivo de alarma en cualquier sociedad democrática, no hay duda que esta se torna mucho más preocupante cuando el nepotismo se expresa en el sector educativo, que se supone que es un lugar sagrado para el país, donde se forman las nuevas generaciones de ciudadanos y dónde cualquier desviación en su estructura pude tener un costo social importante.

A este rotativo han llegado denuncias sobre varias irregularidades en el Municipio Escolar Rafael Urdaneta, en Valencia, dónde el jefe de esta dependencia, Jesús Gutiérrez, presuntamente habría incurrido en nepotismo, al conceder el interinato como docentes en una misma institución a tres familiares suyos. JESUS ALBERTO GUTIERREZ GARCIA, CI. 18.629.466 (hijo), NEMAR KATERIN PAZ GUTIERREZ, CI 17.192.802 (sobrina), HECXY DEL CARMEN ALVAREZ DE PEÑA, CI.18.628.854 (sobrina).
JESUS ALBERTO GUTIERREZ GARCIA
Cabe destacar que el Jefe del Municipio Escolar funge como la autoridad docente de ese territorio, quien es nombrado directamente por la jefatura de la Zona Educativa de Carabobo (ZEC) y es el responsable directo del funcionamiento de los asuntos relacionados con la educación pública.

Una vez hecha esta denuncia por parte de un ex trabajador de esta dependencia, quien prefirió mantenerse en anonimato, se procedió a verificar la información a través de la página web oficial del Ministerio del Poder Popular para la Educación, donde se pudo observar que las tres personas que presuntamente serían familiares de Jesús Gutiérrez, efectivamente laboran en la Unidad Educativa “Rafael Urdaneta”.

Esto, debido a que según el enlace web, tanto Jesus Gutiérrez, como Hecxy Álvarez y Nemar Paz, poseen recibe de pago con fecha 9 de octubre de 2014 (los contratados por el Ministerio de Educación cobran los 10 y 25 de cada mes) lo que corrobora que estas personas prestan sus servicios en la mencionada entidad educativa.
NEMAR KATERIN PAZ GUTIERREZ
HECXY DEL CARMEN ALVAREZ DE PEÑA
Otro elemento de prueba que fue facilitada a esta redacción para sustentar la denuncia, fue un memorando emitido por una comisión supervisora de la Zona Educativa Carabobo, integrada por el Prof. Julio Vivas C.I.: V-13514645; Licdo. Víctor Hernández C.I.: V-12388291; Licdo. José Luís Sierra C.I.: V-5223876; Licdo. Rodolfo Villena C.I.: V- 7049506 y Licda. Lilibeth Pérez C.I.: V-13276665, quienes alertaban en un oficio enviado a la entonces directora de la ZEC, Haydee Ortunio.
En aquel documento, con fecha de 24 de febrero de 2014, se le informa a Ortunio que en el mes de enero se habían entregado credenciales al personal nuevo, entre los que destacan un hijo del supervisor Jesús Gutiérrez y dos sobrinas, además, según la comisión supervisora, otra sobrina de Gutiérrez estaría esperando contratación como docente interina. Esta situación fue catalogada por los redactores del oficio como “excesivo de nepotismo”. 
¿COBRARON SIN TRABAJAR?
Otra situación irregular denunciada por los inspectores fue que “el hijo del Prof. Jesús Gutiérrez recibió pago como si hubiese trabajado desde el 16 septiembre, cabe destacar que las credenciales emitidas presentan fecha 16 de septiembre del 2013”, reza el texto.

SEGÚN RECIBO DE PAGO TIENEN UN AÑO DE ANTIGUEDAD
Es decir, que además de la incursión en nepotismo, existe la irregularidad en cuanto al cobro de salario de Jesús Gutiérrez (hijo), pues si su credencial fue emitida en enero de 2014, nada justifica el cobre de antigüedades desde septiembre del año pasado. Este último dato no pudo ser verificado vía web el pago retroactivo correspondiente al 2013.

FUNCIONARIO SE NEGÓ A DAR DECLARACIONES
Como es el deber periodístico, la unidad de investigación de este diario contactó al ciudadano Jesús Gutiérrez, a fin de consultarlo sobre las denuncias de nepotismo que pesan sobre él y conocer su versión de los hechos.

En una primera instancia, Gutiérrez accedió a una entrevista pautada para la 1 de la tarde en la propia sede del municipio escolar Rafael Urdaneta, ubicada en el plantel que lleva el mismo nombre. Llegada la hora de la cita, el ciudadano no llegó al lugar. Ante esto, se le hizo una llamada telefónica donde aclaró que no concederá la entrevista debido a que “tengo jefes directos y no estoy autorizado para declarar”.
PROF. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 
JEFE DE LA DIVISIÓN DE MUNICIPIO ESCOLARES DE LA ZEC
Es importante mencionar que antes del encuentro, llegó a la sala de redacción una llamada por parte de José Gregorio Hernández, jefe de Municipios Escolares de la ZEC, quien manifestó su malestar por la campaña mediática en contra de una institución revolucionaria” además de solicitar una reunión privada con él; solicitud que fue denegada por este rotativo, pues el denunciado en cuestión es el ciudadano Jesús Gutiérrez y es él quien goza el beneficio de hacer pública su versión de los hechos.
 
IRREGULARIDADES EN JOSÉ AUSTRIA
Por otra parte, en el Liceo Bolivariano “José Austria”, ubicado en el sector La Isabelica y que pertenece al municipio escolar Rafael Urdaneta, también se presenta una irregularidad con dos ciudadanos que ya no prestan sus servicios profesionales en el referido plantel.
 
Este es el caso de los ciudadanos Domingo Urbaez, CI 15.429.394 y Jorge Ibarra, CI 15.542.440 quienes supuestamente se habrían retirado del plantel desde mediados del año pasado y aún no se les ha procesado la renuncia, lo que significa que los docentes aún siguen cobrando por unas horas que ya no cumplen.

OTROS QUE COBRARON SIN TRABAJAR
Esta irregularidad está sustentada en el acta de entrega de un ex Subdirector Administrativo de esta dependencia, con fecha 8 de octubre de 2014, donde reza que “se orienta a la gestión entrante, verificar si todavía siguen cobrando indebidamente dos docentes a los que para mediados del año escolar anterior no se les había procesado el movimiento de renuncia. Se trata Domingo Esteban Urbaez Salazar y Jorge Enrique Ibarra Maucco” y de otras anomalías a las que recomendó en su momento al Director sincerar la nomina.

Esta información fue verificada en la página web del ministerio, donde se pudo observar que efectivamente los dos docentes poseen recibe de pago con fecha 9 de octubre de 2014, o sea que siguen cobrando como docentes del José Austria.

La educación es el bien inmaterial más preciado de la República Bolivariana, por lo que se hace un llamado a las autoridades educativas de la región, a las comunidades organizadas y al Estado docente en general a “meter lupa” a estas denuncias y garantizar así una educación que enseña transparencia y valores positivos a los niños del país.
PAGOS DE RETROACTIVO SOLO DEL 2014 DEL HIJO Y SOBRINA DE JESUS GUITIERREZ  PRESUNTAMENTE SIN TRABAJAR



lunes, 13 de octubre de 2014

Denuncian cobro excesivo por inscripción en el liceo Bolivariano José Austria de Valencia

Padres y representantes de alumnos que estudian en el liceo José Austria de la Isabelica de Valencia Estado Carabobo, denunciaron que la Directora, Ana Henriquez Franco, les ha puesto como condición para la inscripción de sus hijos el pago de Bs. 150 como “colaboración” por un sobre y una insignia

Este pago estaría violentando el derecho a la gratuidad de la enseñanza en escuela pública, contraviniendo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Interés Superior del Niño, Niña y Adolescente.
La Directora del centro de estudio, consultada telefónicamente dijo: “No estoy autorizada para dar esa información, eso es a través de la Directora de la Zona Educativa de Carabobo, yo no tengo nada que decir al respecto”. Seguidamente cortó la llamada y apagó el teléfono celular.

Sin embargo, varios representantes que solicitaron mantenerse en el anonimato para evitar retaliación con sus hijos, confirmaron a Ciudad de Valencia que pagaron cada uno Bs. 150 al momento de la inscripción por un sobre y una insignia. El precio de venta por un distintivo adicional es de Bs. 50.

NO ESTÁ AUTORIZADA PARA RESPONDER PREGUNTA PERO SI PARA PEDIR DINERO ILEGALMENTE
"El funcionario público que abusando de sus funciones, constriña o induzca a alguien a que dé o prometa, para sí mismo o para otro, una suma de dinero o cualquier otra ganancia o dádiva indebida, será penado con prisión de dos (2) a seis (6) años y multa de hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor de la cosa dada o prometida". (Delito de CONCUSIÓN está establecido en el Artículo N° 60 de la Ley Contra la Corrupción)
DESTITUYEN AL SUB-DIRECTOR QUE DEFENDIÓ LA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA
Edward Carrasco, quien ejercía como Sub – Director Administrativo de dicho plantel, fue inmediatamente cesado en su cargo luego de formular las observaciones sobre el pago indebido por inscripción, inicialmente al ex – Director Fausto Suarez y luego a la nueva Directora Ana Henriquez.

“Me cansé de advertirle al ex – Director Suarez sobre lo irregular del cobro por inscripción y del manejo velado que hacía hacia los fondos de la cantina y la fotocopiadora, pero este hizo caso omiso a las recomendaciones y lo que hizo fue pedir mi cese de funciones como retaliación por no ser cómplice de sus marramucias” expresó Carrasco.

ZONA EDUCATIVA CARABOBO NO SE HA PRESENTADO
Tras recibir la denuncia, VLC consultó con la profesora Ana María Fernández, Jefa de la División Académica de la Zona Educativa de Carabobo (ZEC), quien se mostró sorprendida por la información y prometió inicialmente enviar una comisión para investigar el hecho, aunque finalmente dijo que ella misma acudiría para verificar la veracidad o no de la denuncia.

Sin embargo, personal docente y obrero de José Austria, confirmaron que la ZEC, hasta la fecha de esta publicación, no había enviado ninguna comisión para verificar presunta irregularidad.

ANTECEDENTES
Unos meses atrás, el ex – Supervisor de sector, José Luis Sierra, había formulado esta misma denuncia a su superior Jesús Guitierrez, Supervisor Jefe del Municipio Rafael Urdaneta, quien en lugar de investigar los hechos, optó por cambiarlo de liceo inmediatamente.

LO CAMBIARON POR QUERER HACER SU TRABAJO CON ÉTICA Y PROFESIONALISMO
“Cuando le informé a mi jefe que no sólo se estaba cobrando por la inscripción, sino que el ex – Director Fausto, también estaba cometiendo una irregularidad al recibir y disponer de dinero en efectivo por el pago de cantina y fotocopiadora que prestan servicio en el liceo,cosa que está totalmente prohibida por la Circular 007589 del 18 de julio de 2013 del Ministerio de Educación, me dijo que no me metiera en eso y me cambió”, sostuvo Sierra.



 
SE LAVAN LAS MANOS Y NIEGAN EL HECHO 
Suárez explicó que el manejo del dinero en efectivo por pago de servicios o alquiler de locales era permitido y que él entregó las cuentas del dinero totalmente claras. También dijo que no abrieron una cuenta en el banco como manda la Ley, porque no se había reunido el Consejo Educativo.
Por su parte, Jesús Guitierrez explicó que era mentira la denuncia del pago por inscripción y advirtió que él no daba declaraciones telefónicas, invintándonos a su oficina, pero sin precisar fecha y ni hora.

COMUNIDAD EXIGE RESPUESTA

La comunidad espera una pronta respuesta del Consejo de Derecho del Niño, Niña y Adolescente y de la ZEC.
Toda vez que consideran que Fausto Súarez y Ana Henriquez han traicionado como directivo el legado de Hugo Chávez, quien prohibió el cobro por inscripción al inicio de su gobierno. La Constitución del 99 reafirmó que la educación en Venezuela fuese gratuita y obligatoria. El Estado garantiza la gratuidad de la enseñanza pública básica y universitaria.

COBRO IRREGULARES EN ESCUELAS PÚBLICAS DE CARABOBO
La profesora Mary Machado, Directora de la Zona Educativa de Carabobo, en declaraciones al Diario Últimas Noticias, señaló que ha recibido denuncias que dan cuenta de cobro de inscripción (Bs. 50) e insignias (Bs. 30) en el Liceo San José de Chorritos, municipio Libertador. Por su parte, Machado aseguró la semana pasada que el caso será investigado, aquí le presentamos uno donde pese a no estar estipulado en la Ley "ningún cobro para la educación pública", lo está haciendo, incluso en cifras exorbitantes como aparece publicado en la pagina N° 3 del Diario Ciudad de Valencia VLC del Lunes, 13 de octubre del 21014. Esperamos que se actúe con justicia, se apliquen los correctivos y las sanciones correspondientes.
EN ZULIA HAN DESTITUIDO A VARIOS DIRECTORES DE ESCUELAS PÚBLICAS POR EXIGIR COLABORACIÓN
La Autoridad Única Educativa del Zulia, profesor Antonio Castejón, advirtió que las instituciones públicas no pueden cobrar por matrícula. Informó que tienen a su vez denuncias sobre 20 planteles privados en Maracaibo por irregularidades en el cobro de inscripción y pago mensual.

Tres directores de instituciones oficiales fueron destituidos inmediatamente al conocerse que cobraban bajo la figura de la “colaboración” la inscripción a los padres y representantes de dichos colegios.

Periodista Jorge Chávez Morales
Director de la Unidad de Investigaciones del Diario Ciudad de Valencia VLC

domingo, 22 de junio de 2014

La doble autojubilación de la ex - alcaldesa de Barquisimeto Amalia Sáez

En el Tribunal Contencioso Administrativo de la Región Centroccidental reposan unas delícadas denuncias en contra de la ex alcaldesa de Barquisimeto Amalia Rosa Sáez De Sanquiz, las cuales refieren a que cobró indebidamente la suma de un millón 567 mil 566 bolívares con 78 céntimos por concepto de prestaciones sociales correspondiente al lapso del 4 de diciembre del 2008 hasta el 30 de noviembre del 2013, con su respectiva jubilación cuando ya tenía un permiso para ocupar un cargo en Caracas. Y también fue jubilada como docente según el último listado publicado en el portal del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE). (Ver Aqui Pag. 13)

La alcaldesa se autojubiló
A Saéz la acusan que la Alcaldía de Iribarren le pagara de más cinco (5) veces y medio por prestaciones sociales. (Ver aqui)


La ex - alcaldesa ordenó que en su liquidación se incluyeran las prestaciones sociales en su condición de docente del Ministerio de Educación desde el 1 de octubre de 1979 al 30 de noviembre de 2013, incluyendo el tiempo que ejerció como alcaldesa, lo cual se presume como un hecho irregular, tomando como base del cálculo los salarios que devengó como primera autoridad del municipio por cinco (5) años de Comisión de Servicio, No Remunerada que otorgara el Ministerio de Educación. 
La acusación indica que lo correcto es que Sáez cobrara "136 mil 492 bolívares con 82 céntimos y, en consecuencia, se llevó de más 925 mil 271 bolívares con 75 céntimos, que debe reintegrar a la caja del municipio".

La Jubilación es un derecho constitucional, irrenunciable, que proporciona  una recompensa por los servicios prestados. 
La jubilación, es un derecho adquirido de por vida para quienes la disfrutan, la cual consiste en recibir una pensión, es decir, un pago fijo y periódico, hasta la fecha de su muerte y, no se transmite a sus herederos, quienes cumpla con requisitos de edad y años de servicio podrán hacerse acreedor del beneficio de jubilación.

La jurisprudencia En el caso de Amalia Sáez actual Presidenta del Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (IDENNA), por tratarse de un cargo de alto nivel, no debería percibir su jubilación por el Ministerio de Educación o la Alcaldía de Barquisimeto. 

La normativa vigente establece la incompatibilidad al goce simultáneo de la jubilación con el ejercicio de un cargo público remunerado. 

En estos casos, el pago de la jubilación será suspendido al beneficiario mientras dure en el ejercicio del cargo público, pero le será restablecido una vez cesadas las causas que motivaron la suspensión. Se exceptúan de esta disposición los cargos académicos, asistenciales o docentes.

La Controveria
Ahora bien, si se sumó los años de servicios del MPPE, con los de su gestión como alcaldesa para recibir astronómica y privilegiada cifra de pago de prestaciones sociales y en efecto la jubilación. ¿Por qué la jubilan dos veces? ¿Por qué hay miles de maestros que tienen por lo menos 25 años de servicios y hasta con más de 30 años de antiguedad a la espera de la jubilación? ¿Cuándo pagaran a todos los trabajadores educacionales sus prestaciones sociales, tanto activos como jubilados?

lunes, 30 de septiembre de 2013

Cooperativas se pagaron y dieron el vuelto con dinero del PAE


Un informe elaborado por la Contraloría General de la República (CGR) estableció que en la aplicación del Programa para la Alimentación Escolar (PAE) —durante los años 2009, 2010 y 2011— el Ministerio del Poder Popular para la Educación (Mppe) pagó 112 millones 796 mil 161 bolívares a los proveedores, sin que éstos hubieran llevado ni un grano de arroz a las escuelas.
Cooperativas hicieron fiesta con dinero del PAE

Si bien eso ya es un problema de marca mayor, el mismo documento —remitido por el Viceministerio de Participación y Apoyo Académico, mediante comunicación VAPP Nº 236— advierte que al 12 de marzo de 2012, “no hay evidencia de que se haya gestionado la recuperación de dichos montos”.

Esta evaluación de la CGR se produce luego de una serie de denuncias periodísticas sobre presuntas irregularidades que se habrían cometido con la aplicación del PAE en casi todos los estados del país. Sin embargo, la auditoría fue dirigida a las Zonas Educativas de los estados Falcón, Carabobo, Apure, Guárico, Lara y Distrito Capital, como órganos desconcentrados de la cartera de educación.


 ZONA EDUCATIVA RASPADA
Los inspectores de la CGR, tras analizar los documentos referidos al PAE aplicado en Carabobo, revelaron que existió una: “falta de respuesta oportuna o suministro incompleto de información por los responsables de las dependencias involucradas”. En lo que se refiere a la Zona Educativa de esta entidad, quedó establecido que ésta “no suministró los documentos correspondientes al segundo semestre de 2010”. 

Entre ellos, no entregó oficios donde constan los compromisos asumidos con los proveedores del servicio de alimentación, textos que justifican los pagos a proveedores, relación de ingresos y egresos de madres colaboradoras, registros contables, nóminas, estados de cuenta y conciliaciones utilizadas para el pago del incentivo a las mujeres que desempeñan este oficio.

Tampoco fueron suministrados para el ejercicio económico financiero 2011, los comprobantes de pago del mes de septiembre y bono único referido al incentivo a las madres colaboradoras ni de la cuenta corriente del Banco de Venezuela abierta para el pago de dicho concepto.

MADRES SIN PAGO
Esta investigación de la CGR se inició debido a que en la Zona Educativa de Carabobo —que para la época era dirigida por la profesora Ysmenia Fernández— se cometieron una serie de presuntas irregularidades como el traspaso a todas luces ilegal de presupuesto para el pago de las madres procesadoras, para cumplir con el compromiso con las cooperativas, dejando a más de 500 mujeres sin sueldo, ni bono navideño, durante más de dos meses.


SIN ENTREGAR INTERESES
El dinero entregado para la ejecución del PAE, producía intereses que cuando no eran utilizados, eran reintegrados al Tesoro Nacional. Sin embargo, de las sumas generadas por el ejercicio financiero de 2011, quedó pendiente por reintegrar un millón 418 mil 211. Pero eso no es todo, la investigación de la CGR establece que existe otro saldo pendiente de reintegro, pero esta vez el monto es verdaderamente abultado: Bs. 1.985.943.808,55, además de un remanente de fondos correspondiente a los años 2010 y 2011, de Bs. 1.973.389.826,63 Otra de las irregularidades encontradas es que “no se llevan registros contables” de la cuenta de Fideicomiso de 2009. Del mismo modo, ha quedado establecido que los pagos efectuados a los diferentes proveedores, se realizaban con un retraso de hasta cinco meses.

En otra parte del informe, se señala que en la “Zona Educativa del estado Carabobo, no se pudo determinar el monto de pagos efectuados a proveedores correspondientes al segundo semestre de 2010, en razón de que no fueron suministrados documentos demostrativos, entre otros, relaciones de pagos, facturas, notas de entrega, estados de cuentas; igualmente, para el ejercicio económico financiero 2011, no fueron presentados los soportes justificativos de pagos por Bs. 5.865.502,35, correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo”.

UN DESASTRE...
Para la CGR, en Carabobo no existen soportes documentales que respalden los gastos realizados durante el segundo, tercero y cuarto trimestre del año 2009 y primer semestre del año 2010, efectuados a través de la partida presupuestaria Nº 4.02.01.01.00.
En los expedientes de las compras, también faltan 345 órdenes y sus soportes documentales por Bs. 10.216.689,71, lo que es contrario a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Contrataciones Públicas.

El informe también desnudó una serie de presuntas irregularidades cometidas desde 2009 en la Zona Educativa de Carabobo, cuando se “constató la contratación de 27 cooperativas por Bs. 49.369.119,50, con capacidades financieras inferiores a los montos contratados.

INNOBLES E IRRESPONSABLES
En el acápite 3333 del documento de la CGR se señala que fueron ocho cooperativas las que recibieron dinero pero nunca entregaron alimentos a más de 6.500 niños. Estas son: Procesadora Itzamatul, Alimentos El Avío MMMXXI, Servi- Stud, Alimentos Kabil, MyB 2007, Transporte Trasalim, Alimentos Nahuata y Acraure 2007.
Resultado de la Inspección de la Contraloría General de la República en la U.E. Adolfo Blonval López

En general, el organismo del Estado dejó muy en claro que las cooperativas de la entidad no cumplieron con el compromiso de responsabilidad social. Estableció que en 494 órdenes de compra pertenecientes a 27 cooperativas proveedoras del PAE, “se constató la ausencia de la correspondiente Fianza de Fiel Cumplimiento exigido por la Ley de Contrataciones Públicas, según la cual, el contratante debe constituir una fianza de fiel cumplimiento, otorgada por una entidad bancaria o empresas de seguro que no podrá ser menor del 15% del monto contratado, a fin de garantizar que la contratista cumpla a cabalidad con las obligaciones contraídas”.

Al revisar las órdenes, se “evidenciaron entregas incompletas de insumos a 28 planteles beneficiados, por parte de 13 cooperativas proveedoras, y no obstante, de manera reiterada se continuó adjudicando a éstas el suministro de alimentos”.

SIN CONTROL
Desde 2010 hubo denuncias constantes contra varias cooperativas que atendían el programa PAE en Carabobo. Éstas habrían falsificado firmas en actas de recepción de alimentos de directores de planteles, representantes de organizaciones educativas, madres procesadoras y hasta de estudiantes, con la finalidad de cobrar sin que hayan entregado un grano de arroz.

Estas cooperativas entre las que figura Itzamatul R.L. falsificaron firmas de una madre procesadora y del director de la escuela técnica Robinsoniana (ETR) Simón Bolívar de Naguanagua, para cobrar facturas por Bs. 157.078,20, sin que hubieran entregado los insumos. Del mismo modo, esta misma cooperativa presentó dos cartas de recepción cuyas fechas son del 16 y 11 de noviembre de 2009 con las firmas falsificadas de la directora del Centro Educativo Inicial (CEI) Bebedero del Río.

FALLAS POR CORREGIR
Así mismo, se evidenció a la fecha de corte del informe de la CGR que la Zona Educativa Carabobo, realiza los pedido de insumos, sin coordinar con las escuelas, por lo tanto, los requerimientos no se ajustan a las necesidades reales de las escuelas, en atención a sus prioridades, lo que limita que estas últimas puedan planificar qué insumos requieren a los fines de cumplir los menús establecidos.  


 

lunes, 23 de septiembre de 2013

Inspección de alto nivel revela presuntas irregularidades en Industrias Diana

Oswaldo López Martínez / Jorge Chávez Morales

Un informe elaborado por una comisión del Cuerpo de Inspectores Socialistas de la Presidencia de la República (CISPR) recomendó el “nombramiento de una nueva directiva en Industrias Diana C.A.”, bajo la sospecha de presuntas irregularidades administrativas, detectadas en su sede principal, ubicada en Valencia, estado Carabobo.
El documento, calificado como “confidencial” y fechado el 30 de mayo de 2013, es el resultado de la supervisión administrativa en el marco de la “Gran Misión Eficiencia o Nada”, que incluye datos de los últimos tres años. El grupo enviado por Miraflores reveló en el texto que los estados financieros de la empresa “no representan, razonablemente, en todos sus aspectos sustanciales”, su situación económica real, de conformidad con lo establecido en las Normas Generales de Contabilidad Pública.

Gral Pedro González Salmeró, Viceministro de Seguimiento de la Gestión de Gobierno miembro de la "Misión Eficiencia o Nada"
Según la investigación, la estatal aceitera contrató los servicios de la firma privada “Contadores Públicos López, Alegría & Asociados” para que realizara un trabajo de auditoría de los años 2010 y 2011. En sus conclusiones establecieron supuestas anomalías en los ajustes y reclasificaciones expresadas en los ingresos, cuentas a cobrar y por pagar, “teniendo una disminución en los activos de Bs. 4.545.485; en pasivo, un aumento de Bs. 3.067.477 y en los resultados del año una disminución de Bs. 19.462.859”.

La certificación destaca, además, que la situación mercantil no fue “formalmente informada” a la junta directiva, ni aprobada en asamblea de accionistas, de acuerdo a lo instituido en las cláusulas 14 y 19 de los Estatutos Sociales.

NÚMEROS “CUESTIONABLES”

Los informes del departamento de Auditoría Interna, en materia de caja chica, reflejan, “de manera reiterada, el mal uso de este instrumento por parte de todas las dependencias”, que incluyen, asimismo, la gerencia general. Explican que existen diferencias faltantes y sobrantes, así como facturas alteradas; vales sin canjear, uso indebido de sus fondos (que no se encuentran custodiados) “y depósitos en efectivo directamente en cuentas bancarias, incluso personales”.


El artículo 81 de la Ley Contra la Corrupción establece que el funcionario que abra una cuenta bancaria a su nombre o al de un tercero, utilizando dinero público, “aún sin ánimo de apropiárselos”, será penado con prisión de uno a cinco años. “Cuando dichos fondos sean depositados en cuenta particular ya abierta, o aquel que deliberadamente se sobregire en las cuentas que en una o varias instituciones bancarias mantenga el organismo o ente confiado a su manejo, administración o giro, será penado con prisión de seis a dos años”, precisa el referido instrumento legal.
 

Los estados de cuenta no se encuentran certificados por las respectivas entidades bancarias, mientras que las conciliaciones “arrojan diferencias”, según el escrito. Las Normas Generales de Contabilidad del Sector Público, en su capítulo tres, consagran que la información “debe ser completa”, por lo que es necesario incluir todos los datos pertinentes “que puedan incidir en la toma de decisiones” del ente público. “Al existir una diferencia en la conciliación se presume la existencia de irregularidades. No se presentan (sic) el documento justificativo de las diferencias”, aclara la comisión interventora. 

 

CLIENTES, COMERCIALIZACIÓN Y PAGOS
En lo referente a los aspectos de operaciones comerciales, se precisa “una gran cantidad de fichas” de datos generales para ingreso de clientes, “que no han sido aprobadas por el gerente regional y/o no han sido firmadas por el cliente”.
 
En opinión de los especialistas, estas acciones “evidencian la inexistencia de un correcto y completo procedimiento para el ingreso de compradores, violando las normas de control interno al no respaldar las transacciones y operaciones financieras, presupuestarias y administrativas con la suficiente documentación justificativa”.

Exponen también que “no se sabe quién aprueba y quién crea el código”, dejándolo a discreción del vendedor. “Esto facilita el tráfico de extracción con la creación de clientes ficticios”.
 
Un informe de comercialización, levantado por el departamento de Auditoría Interna de Industrias Diana, indica que se revisaron, de manera aleatoria, algunos expedientes de clientes de la red privada y por despacho a granel, evidenciando “que el contenido de los mismos se encuentra desactualizado y escaso de información que permita estudiar la capacidad de pago del cliente”.

El mismo documento detalla que, en 2012, recibieron la devolución, en la planta de Valencia, de tres mil 299 cajas de margarina La Estancia, de 12x500 gramos, por concepto de vencimiento.

Señala que las sucursales realizaron las alertas “de forma extemporánea”, faltando un mes para la extinción del rubro en cada lote. La decisión que se tomó, como reseña el escrito, por parte de la Gerencia de Comercialización, fue incluir el el producto a las ventas en mercados “a cielo abierto” y el otorgamiento de “descuentos tentativos” para los usuarios. “Con esto se percibe la falta de planificación en la producción y comercialización, además de la responsabilidad administrativa en el manejo de los productos alimenticios sin medir consecuencias”, resalta el documento, destacando, más adelante, la carencia de “arqueos sorpresivos” a vendedores, aunado a la inexistencia de un control del inventario de mercancía devuelta, “lo que manifiesta la posibilidad de pérdidas, hurto y uso incorrecto de los recursos públicos”.
 
En la sucursal de Barquisimeto, encontraron que los clientes con el código A6454 y A6204 cancelaron facturas en efectivo “y al momento de la arqueo (sic) no se observó el depósito respectivo del mismo”.


SE DESHOJA EL GIRASOL

Otro de los puntos que abordó el departamento de Auditoría Interna fue el proceso de comercialización de harina de girasol en la sede de Turén, estado Portuguesa.

Admiten que los datos suministrados en el área de producción “no son registrados de manera correcta, ya que presentan enmendaduras y tachaduras, además carece de formalismo, ya que no poseen orden del departamento emisor y, por tanto, tiende a considerar que la información reflejada no sea fidedigna”. Advierten que el inventario final de harina de girasol “no coincide” con el teórico, arrojando una diferencia “no justificada por 372,78 toneladas”.
 
El Cispr agrega, en su apreciación final de este punto, que se estaría en presencia de infracción de la normativa tributaria, delitos de peculado doloso propio, además del culposo, sancionados en la Ley Contra la Corrupción.

 
El Cuerpo de Inspectores Socialista fue credo en abril del presente año por el Presidente Nicolás Maduro, para atacar la corrupción y el burocratismo
PÚBLICO Y PRIVADO

En el reporte de ventas, por redes de distribución, de enero a mayo de 2013, se evidencia, según el informe, que el 71% del total de las ventas se destina a la red privada de distribución, equivalentes a
17 mil 509 toneladas, mientras que el 29% restante, unas siete mil 142 toneladas, se dirige a la red pública como Mercal, Pdval, Abastos Bicentenarios, entre otros.

El grupo interventor reconoció que, en términos porcentuales, Industrias Diana, pese a ser estatal, tiene la segunda menor participación dentro del mercado nacional en el rubro de aceite regulado “dirigiendo su política actual de negocio a competir en el no regulado, que es el que genera más ganancia”, estrategia que, denuncian, se escapa de la “función social de surtir aceite regulado al pueblo y va contra el objetivo principal de Industrias Diana como empresa nacionalizada”.

Otro de los aspectos que levantó las alarmas del CISPR fueron algunas de las donaciones que realizó el departamento de Desarrollo Social, donde no poseen montos y se otorgaron, muchas de ellas, a personas naturales sin especificar en qué serán invertidos.
“No se recibió, por parte de esta comisión inspectora, la relación detallada de los recursos aprobados con el Fondo de Responsabilidad Social (montos, beneficiarios, fecha y estatus del financiamiento). Tampoco se conoce su forma de manejo, la cuenta en que se encuentra depositado y quién es el cuentadante”, resalta el documento.

Tras hacerse público este documento, sumado a la destitución de la anterior gerencia, en Diana algunos trabajadores y directivos se declararon en rebeldía, hasta llegar al punto de no permitir el ingreso de autoridades del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Nicolás Maduro designa a nuevo Presidente de Industrias Diana
El mandatario nacional designó al General Dester Bryan Rodríguez como presidente de Industria Diana en sustitución del David Mendoza designado por el Ministro Felix Osorio.

¿Cómo funciona la Gran Misión Eficiencia o Nada?
Emprender la tarea de fiscalizar las múltiples instituciones del Estado implicó hacerse de una metodología de trabajo ordenada, que permita evaluar los resultados obtenidos, a corto, mediano y largo plazo.
En ese sentido, González Salmerón explicó que los Ministros del área son informados acerca de la próxima realización de una inspección, que pueda durar alrededor de dos semanas, dependiendo del ente.

Una vez que la acción fue ejecutada el Ministro es informado de los resultados. Luego éste dispone de 15 días para presentar las acciones para resolver la problemática. Al transcurrir ese lapso la Misión Eficiencia o Nada estipula un plazo de hasta cuatro meses para hacer el seguimiento de esas acciones, entendiéndose que la resolución de fallas no puede ser inmediata sino de manera progresiva.