Un informe elaborado por la Contraloría General de
la República (CGR) estableció que en la aplicación del Programa para la
Alimentación Escolar (PAE) —durante los años 2009, 2010 y 2011— el Ministerio
del Poder Popular para la Educación (Mppe) pagó 112 millones 796 mil 161
bolívares a los proveedores, sin que éstos hubieran llevado ni un grano de
arroz a las escuelas.
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| Cooperativas hicieron fiesta con dinero del PAE
Si bien eso ya es un problema de marca mayor, el
mismo documento —remitido por el Viceministerio de Participación y Apoyo
Académico, mediante comunicación VAPP Nº 236— advierte que al 12 de marzo de
2012, “no hay evidencia de que se haya gestionado la recuperación de dichos
montos”.
Esta evaluación de la CGR se produce luego de una
serie de denuncias periodísticas sobre presuntas irregularidades que se habrían
cometido con la aplicación del PAE en casi todos los estados del país. Sin
embargo, la auditoría fue dirigida a las Zonas Educativas de los estados
Falcón, Carabobo, Apure, Guárico, Lara y Distrito Capital, como órganos
desconcentrados de la cartera de educación.
VER INFORME COMPLETO DE LAS ACTUACIONES FISCALES DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL PAE
ZONA EDUCATIVA RASPADA
Los inspectores de la CGR, tras analizar los
documentos referidos al PAE aplicado en Carabobo, revelaron que existió una:
“falta de respuesta oportuna o suministro incompleto de información por los
responsables de las dependencias involucradas”. En lo que se refiere a la Zona
Educativa de esta entidad, quedó establecido que ésta “no suministró los
documentos correspondientes al segundo semestre de 2010”.
Entre ellos, no entregó oficios donde constan los
compromisos asumidos con los proveedores del servicio de alimentación, textos
que justifican los pagos a proveedores, relación de ingresos y egresos de
madres colaboradoras, registros contables, nóminas, estados de cuenta y
conciliaciones utilizadas para el pago del incentivo a las mujeres que
desempeñan este oficio.
Tampoco fueron suministrados para el ejercicio económico financiero 2011, los comprobantes de pago del mes de septiembre y bono único referido al incentivo a las madres colaboradoras ni de la cuenta corriente del Banco de Venezuela abierta para el pago de dicho concepto. MADRES SIN PAGO
Esta investigación de la CGR se inició debido a que
en la Zona Educativa de Carabobo —que para la época era dirigida por la
profesora Ysmenia Fernández— se cometieron una serie de presuntas
irregularidades como el traspaso a todas luces ilegal de presupuesto para el
pago de las madres procesadoras, para cumplir con el compromiso con las
cooperativas, dejando a más de 500 mujeres sin sueldo, ni bono navideño,
durante más de dos meses.
 SIN ENTREGAR INTERESES
El dinero entregado para la ejecución del PAE,
producía intereses que cuando no eran utilizados, eran reintegrados al Tesoro
Nacional. Sin embargo, de las sumas generadas por el ejercicio financiero de
2011, quedó pendiente por reintegrar un millón 418 mil 211. Pero eso no es
todo, la investigación de la CGR establece que existe otro saldo pendiente de
reintegro, pero esta vez el monto es verdaderamente abultado: Bs.
1.985.943.808,55, además de un remanente de fondos correspondiente a los años
2010 y 2011, de Bs. 1.973.389.826,63 Otra de las irregularidades encontradas es
que “no se llevan registros contables” de la cuenta de Fideicomiso de 2009. Del
mismo modo, ha quedado establecido que los pagos efectuados a los diferentes
proveedores, se realizaban con un retraso de hasta cinco meses.
En otra parte del informe, se señala que en la “Zona Educativa del estado Carabobo, no se pudo determinar el monto de pagos efectuados a proveedores correspondientes al segundo semestre de 2010, en razón de que no fueron suministrados documentos demostrativos, entre otros, relaciones de pagos, facturas, notas de entrega, estados de cuentas; igualmente, para el ejercicio económico financiero 2011, no fueron presentados los soportes justificativos de pagos por Bs. 5.865.502,35, correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo”. UN DESASTRE...
Para la CGR, en Carabobo no existen soportes
documentales que respalden los gastos realizados durante el segundo, tercero y
cuarto trimestre del año 2009 y primer semestre del año 2010, efectuados a
través de la partida presupuestaria Nº 4.02.01.01.00.
En los expedientes de las compras, también faltan 345 órdenes y sus soportes
documentales por Bs. 10.216.689,71, lo que es contrario a lo dispuesto en el
artículo 14 de la Ley de Contrataciones Públicas.
El informe también desnudó una serie de presuntas irregularidades cometidas desde 2009 en la Zona Educativa de Carabobo, cuando se “constató la contratación de 27 cooperativas por Bs. 49.369.119,50, con capacidades financieras inferiores a los montos contratados. INNOBLES E IRRESPONSABLES
En el acápite 3333 del documento de la CGR se
señala que fueron ocho cooperativas las que recibieron dinero pero nunca
entregaron alimentos a más de 6.500 niños. Estas son: Procesadora Itzamatul,
Alimentos El Avío MMMXXI, Servi- Stud, Alimentos Kabil, MyB 2007, Transporte
Trasalim, Alimentos Nahuata y Acraure 2007.
En general, el organismo del Estado dejó muy en claro que las cooperativas de
la entidad no cumplieron con el compromiso de responsabilidad social.
Estableció que en 494 órdenes de compra pertenecientes a 27 cooperativas
proveedoras del PAE, “se constató la ausencia de la correspondiente Fianza de
Fiel Cumplimiento exigido por la Ley de Contrataciones Públicas, según la cual,
el contratante debe constituir una fianza de fiel cumplimiento, otorgada por
una entidad bancaria o empresas de seguro que no podrá ser menor del 15% del
monto contratado, a fin de garantizar que la contratista cumpla a cabalidad con
las obligaciones contraídas”.
Al revisar las órdenes, se “evidenciaron entregas incompletas de insumos a 28 planteles beneficiados, por parte de 13 cooperativas proveedoras, y no obstante, de manera reiterada se continuó adjudicando a éstas el suministro de alimentos”. SIN CONTROL
Desde 2010 hubo denuncias constantes contra varias
cooperativas que atendían el programa PAE en Carabobo. Éstas habrían
falsificado firmas en actas de recepción de alimentos de directores de
planteles, representantes de organizaciones educativas, madres procesadoras y
hasta de estudiantes, con la finalidad de cobrar sin que hayan entregado un
grano de arroz.
Estas cooperativas entre las que figura Itzamatul R.L. falsificaron firmas de una madre procesadora y del director de la escuela técnica Robinsoniana (ETR) Simón Bolívar de Naguanagua, para cobrar facturas por Bs. 157.078,20, sin que hubieran entregado los insumos. Del mismo modo, esta misma cooperativa presentó dos cartas de recepción cuyas fechas son del 16 y 11 de noviembre de 2009 con las firmas falsificadas de la directora del Centro Educativo Inicial (CEI) Bebedero del Río.
FALLAS POR CORREGIR
Así mismo, se evidenció a la fecha de corte del
informe de la CGR que la Zona Educativa Carabobo, realiza los pedido de insumos,
sin coordinar con las escuelas, por lo tanto, los requerimientos no se ajustan
a las necesidades reales de las escuelas, en atención a sus prioridades, lo que
limita que estas últimas puedan planificar qué insumos requieren a los fines de
cumplir los menús establecidos.
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