lunes, 23 de septiembre de 2013

Inspección de alto nivel revela presuntas irregularidades en Industrias Diana

Oswaldo López Martínez / Jorge Chávez Morales

Un informe elaborado por una comisión del Cuerpo de Inspectores Socialistas de la Presidencia de la República (CISPR) recomendó el “nombramiento de una nueva directiva en Industrias Diana C.A.”, bajo la sospecha de presuntas irregularidades administrativas, detectadas en su sede principal, ubicada en Valencia, estado Carabobo.
El documento, calificado como “confidencial” y fechado el 30 de mayo de 2013, es el resultado de la supervisión administrativa en el marco de la “Gran Misión Eficiencia o Nada”, que incluye datos de los últimos tres años. El grupo enviado por Miraflores reveló en el texto que los estados financieros de la empresa “no representan, razonablemente, en todos sus aspectos sustanciales”, su situación económica real, de conformidad con lo establecido en las Normas Generales de Contabilidad Pública.

Gral Pedro González Salmeró, Viceministro de Seguimiento de la Gestión de Gobierno miembro de la "Misión Eficiencia o Nada"
Según la investigación, la estatal aceitera contrató los servicios de la firma privada “Contadores Públicos López, Alegría & Asociados” para que realizara un trabajo de auditoría de los años 2010 y 2011. En sus conclusiones establecieron supuestas anomalías en los ajustes y reclasificaciones expresadas en los ingresos, cuentas a cobrar y por pagar, “teniendo una disminución en los activos de Bs. 4.545.485; en pasivo, un aumento de Bs. 3.067.477 y en los resultados del año una disminución de Bs. 19.462.859”.

La certificación destaca, además, que la situación mercantil no fue “formalmente informada” a la junta directiva, ni aprobada en asamblea de accionistas, de acuerdo a lo instituido en las cláusulas 14 y 19 de los Estatutos Sociales.

NÚMEROS “CUESTIONABLES”

Los informes del departamento de Auditoría Interna, en materia de caja chica, reflejan, “de manera reiterada, el mal uso de este instrumento por parte de todas las dependencias”, que incluyen, asimismo, la gerencia general. Explican que existen diferencias faltantes y sobrantes, así como facturas alteradas; vales sin canjear, uso indebido de sus fondos (que no se encuentran custodiados) “y depósitos en efectivo directamente en cuentas bancarias, incluso personales”.


El artículo 81 de la Ley Contra la Corrupción establece que el funcionario que abra una cuenta bancaria a su nombre o al de un tercero, utilizando dinero público, “aún sin ánimo de apropiárselos”, será penado con prisión de uno a cinco años. “Cuando dichos fondos sean depositados en cuenta particular ya abierta, o aquel que deliberadamente se sobregire en las cuentas que en una o varias instituciones bancarias mantenga el organismo o ente confiado a su manejo, administración o giro, será penado con prisión de seis a dos años”, precisa el referido instrumento legal.
 

Los estados de cuenta no se encuentran certificados por las respectivas entidades bancarias, mientras que las conciliaciones “arrojan diferencias”, según el escrito. Las Normas Generales de Contabilidad del Sector Público, en su capítulo tres, consagran que la información “debe ser completa”, por lo que es necesario incluir todos los datos pertinentes “que puedan incidir en la toma de decisiones” del ente público. “Al existir una diferencia en la conciliación se presume la existencia de irregularidades. No se presentan (sic) el documento justificativo de las diferencias”, aclara la comisión interventora. 

 

CLIENTES, COMERCIALIZACIÓN Y PAGOS
En lo referente a los aspectos de operaciones comerciales, se precisa “una gran cantidad de fichas” de datos generales para ingreso de clientes, “que no han sido aprobadas por el gerente regional y/o no han sido firmadas por el cliente”.
 
En opinión de los especialistas, estas acciones “evidencian la inexistencia de un correcto y completo procedimiento para el ingreso de compradores, violando las normas de control interno al no respaldar las transacciones y operaciones financieras, presupuestarias y administrativas con la suficiente documentación justificativa”.

Exponen también que “no se sabe quién aprueba y quién crea el código”, dejándolo a discreción del vendedor. “Esto facilita el tráfico de extracción con la creación de clientes ficticios”.
 
Un informe de comercialización, levantado por el departamento de Auditoría Interna de Industrias Diana, indica que se revisaron, de manera aleatoria, algunos expedientes de clientes de la red privada y por despacho a granel, evidenciando “que el contenido de los mismos se encuentra desactualizado y escaso de información que permita estudiar la capacidad de pago del cliente”.

El mismo documento detalla que, en 2012, recibieron la devolución, en la planta de Valencia, de tres mil 299 cajas de margarina La Estancia, de 12x500 gramos, por concepto de vencimiento.

Señala que las sucursales realizaron las alertas “de forma extemporánea”, faltando un mes para la extinción del rubro en cada lote. La decisión que se tomó, como reseña el escrito, por parte de la Gerencia de Comercialización, fue incluir el el producto a las ventas en mercados “a cielo abierto” y el otorgamiento de “descuentos tentativos” para los usuarios. “Con esto se percibe la falta de planificación en la producción y comercialización, además de la responsabilidad administrativa en el manejo de los productos alimenticios sin medir consecuencias”, resalta el documento, destacando, más adelante, la carencia de “arqueos sorpresivos” a vendedores, aunado a la inexistencia de un control del inventario de mercancía devuelta, “lo que manifiesta la posibilidad de pérdidas, hurto y uso incorrecto de los recursos públicos”.
 
En la sucursal de Barquisimeto, encontraron que los clientes con el código A6454 y A6204 cancelaron facturas en efectivo “y al momento de la arqueo (sic) no se observó el depósito respectivo del mismo”.


SE DESHOJA EL GIRASOL

Otro de los puntos que abordó el departamento de Auditoría Interna fue el proceso de comercialización de harina de girasol en la sede de Turén, estado Portuguesa.

Admiten que los datos suministrados en el área de producción “no son registrados de manera correcta, ya que presentan enmendaduras y tachaduras, además carece de formalismo, ya que no poseen orden del departamento emisor y, por tanto, tiende a considerar que la información reflejada no sea fidedigna”. Advierten que el inventario final de harina de girasol “no coincide” con el teórico, arrojando una diferencia “no justificada por 372,78 toneladas”.
 
El Cispr agrega, en su apreciación final de este punto, que se estaría en presencia de infracción de la normativa tributaria, delitos de peculado doloso propio, además del culposo, sancionados en la Ley Contra la Corrupción.

 
El Cuerpo de Inspectores Socialista fue credo en abril del presente año por el Presidente Nicolás Maduro, para atacar la corrupción y el burocratismo
PÚBLICO Y PRIVADO

En el reporte de ventas, por redes de distribución, de enero a mayo de 2013, se evidencia, según el informe, que el 71% del total de las ventas se destina a la red privada de distribución, equivalentes a
17 mil 509 toneladas, mientras que el 29% restante, unas siete mil 142 toneladas, se dirige a la red pública como Mercal, Pdval, Abastos Bicentenarios, entre otros.

El grupo interventor reconoció que, en términos porcentuales, Industrias Diana, pese a ser estatal, tiene la segunda menor participación dentro del mercado nacional en el rubro de aceite regulado “dirigiendo su política actual de negocio a competir en el no regulado, que es el que genera más ganancia”, estrategia que, denuncian, se escapa de la “función social de surtir aceite regulado al pueblo y va contra el objetivo principal de Industrias Diana como empresa nacionalizada”.

Otro de los aspectos que levantó las alarmas del CISPR fueron algunas de las donaciones que realizó el departamento de Desarrollo Social, donde no poseen montos y se otorgaron, muchas de ellas, a personas naturales sin especificar en qué serán invertidos.
“No se recibió, por parte de esta comisión inspectora, la relación detallada de los recursos aprobados con el Fondo de Responsabilidad Social (montos, beneficiarios, fecha y estatus del financiamiento). Tampoco se conoce su forma de manejo, la cuenta en que se encuentra depositado y quién es el cuentadante”, resalta el documento.

Tras hacerse público este documento, sumado a la destitución de la anterior gerencia, en Diana algunos trabajadores y directivos se declararon en rebeldía, hasta llegar al punto de no permitir el ingreso de autoridades del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Nicolás Maduro designa a nuevo Presidente de Industrias Diana
El mandatario nacional designó al General Dester Bryan Rodríguez como presidente de Industria Diana en sustitución del David Mendoza designado por el Ministro Felix Osorio.

¿Cómo funciona la Gran Misión Eficiencia o Nada?
Emprender la tarea de fiscalizar las múltiples instituciones del Estado implicó hacerse de una metodología de trabajo ordenada, que permita evaluar los resultados obtenidos, a corto, mediano y largo plazo.
En ese sentido, González Salmerón explicó que los Ministros del área son informados acerca de la próxima realización de una inspección, que pueda durar alrededor de dos semanas, dependiendo del ente.

Una vez que la acción fue ejecutada el Ministro es informado de los resultados. Luego éste dispone de 15 días para presentar las acciones para resolver la problemática. Al transcurrir ese lapso la Misión Eficiencia o Nada estipula un plazo de hasta cuatro meses para hacer el seguimiento de esas acciones, entendiéndose que la resolución de fallas no puede ser inmediata sino de manera progresiva.





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