Oswaldo López Martínez / Jorge Chávez Morales
Un
informe elaborado por una comisión del Cuerpo de Inspectores Socialistas de la
Presidencia de la República (CISPR) recomendó el “nombramiento de una nueva
directiva en Industrias Diana
C.A.”, bajo la sospecha de presuntas irregularidades administrativas, detectadas
en su sede principal, ubicada en Valencia, estado Carabobo.
El
documento, calificado como “confidencial” y fechado el 30 de mayo de 2013, es
el resultado de la supervisión administrativa en el marco de la “Gran Misión
Eficiencia o Nada”, que incluye datos de los últimos tres años. El grupo
enviado por Miraflores reveló en el texto que los estados financieros de la
empresa “no representan, razonablemente, en todos sus aspectos sustanciales”,
su situación económica real, de conformidad con lo establecido en las Normas Generales
de Contabilidad Pública.
Gral Pedro González Salmeró, Viceministro de Seguimiento de la Gestión de Gobierno miembro de la "Misión Eficiencia o Nada" |
Según
la investigación, la estatal aceitera contrató los servicios de la firma
privada “Contadores Públicos López,
Alegría & Asociados” para que realizara un trabajo de auditoría de los años
2010 y 2011. En
sus conclusiones establecieron supuestas anomalías en los ajustes y reclasificaciones
expresadas en los ingresos, cuentas a cobrar y por pagar, “teniendo una
disminución en los activos de Bs. 4.545.485; en pasivo, un aumento de Bs. 3.067.477
y en los resultados del año una disminución de Bs. 19.462.859”.
La
certificación destaca, además, que la situación mercantil no fue “formalmente
informada” a la junta directiva, ni aprobada en asamblea de accionistas, de
acuerdo a lo instituido en las cláusulas 14 y 19 de los Estatutos Sociales.
NÚMEROS “CUESTIONABLES”
Los
informes del departamento de Auditoría Interna, en materia de caja chica,
reflejan, “de manera reiterada, el mal uso de este instrumento por parte de
todas las dependencias”, que incluyen, asimismo, la gerencia general. Explican
que existen diferencias faltantes y sobrantes, así como facturas alteradas;
vales sin canjear, uso indebido de sus fondos (que no se encuentran custodiados)
“y depósitos en efectivo directamente en cuentas bancarias, incluso personales”.
El
artículo 81 de la Ley Contra la Corrupción establece que el funcionario que
abra una cuenta bancaria a su nombre o al de un tercero, utilizando dinero
público, “aún sin ánimo de apropiárselos”, será penado con prisión de uno a
cinco años. “Cuando
dichos fondos sean depositados en cuenta particular ya abierta, o aquel que
deliberadamente se sobregire en las cuentas que en una o varias instituciones
bancarias mantenga el organismo o ente confiado a
su manejo, administración o giro, será penado con prisión de seis a dos años”,
precisa el referido instrumento legal.
Los
estados de cuenta no se encuentran certificados por las respectivas entidades
bancarias, mientras que las conciliaciones “arrojan diferencias”, según el escrito.
Las Normas Generales de Contabilidad del Sector Público, en su capítulo tres,
consagran que la información “debe ser completa”, por lo que es necesario
incluir todos los datos pertinentes “que puedan incidir en la toma de
decisiones” del ente público. “Al
existir una diferencia en la conciliación se presume la existencia de
irregularidades. No
se presentan (sic) el documento justificativo de las diferencias”, aclara la
comisión interventora.
CLIENTES, COMERCIALIZACIÓN Y PAGOS
En
lo referente a los aspectos de operaciones comerciales, se precisa “una
gran cantidad de fichas” de datos generales para ingreso de clientes, “que no
han sido aprobadas por el gerente regional y/o no han sido firmadas por el cliente”.
En
opinión de los especialistas, estas acciones “evidencian la inexistencia de un
correcto y completo procedimiento para el ingreso de compradores, violando las
normas de control interno al no respaldar las transacciones y operaciones
financieras, presupuestarias y administrativas con la suficiente documentación
justificativa”.
Exponen
también que “no se sabe quién aprueba y quién crea el código”, dejándolo a
discreción del vendedor. “Esto
facilita el tráfico de extracción con la creación de clientes ficticios”.
Un
informe de comercialización, levantado por el departamento de Auditoría Interna
de Industrias Diana, indica que se revisaron, de manera aleatoria, algunos
expedientes de clientes de la red privada y por despacho a granel, evidenciando
“que el contenido de los mismos se encuentra desactualizado y escaso de
información que permita estudiar la capacidad de pago del cliente”.
El
mismo documento detalla que, en 2012, recibieron la devolución, en la planta de
Valencia, de tres mil 299 cajas de margarina La Estancia, de 12x500 gramos, por
concepto de vencimiento.
Señala
que las sucursales realizaron las alertas “de forma extemporánea”, faltando un
mes para la extinción del rubro en cada lote. La decisión que se tomó, como
reseña el escrito, por parte de la Gerencia de Comercialización, fue incluir el
el
producto a las ventas en mercados “a cielo abierto”
y el otorgamiento de “descuentos tentativos” para los usuarios. “Con esto se percibe
la falta de planificación en la producción y comercialización, además de la
responsabilidad administrativa en el manejo de los productos alimenticios sin
medir consecuencias”, resalta el documento, destacando, más adelante, la
carencia de “arqueos sorpresivos” a vendedores, aunado a la inexistencia de un
control del inventario de mercancía devuelta, “lo que manifiesta la posibilidad
de pérdidas, hurto y uso incorrecto de los recursos públicos”.
En la sucursal de Barquisimeto, encontraron que los clientes con
el código A6454 y A6204 cancelaron facturas en efectivo “y al momento de la
arqueo (sic) no se observó el depósito respectivo del mismo”.
SE DESHOJA EL GIRASOL
Otro de los puntos que abordó el departamento de Auditoría
Interna fue el proceso de comercialización de harina de girasol en la sede de
Turén, estado Portuguesa.
Admiten que los datos suministrados en el área de producción “no
son registrados de manera correcta, ya que presentan enmendaduras y tachaduras,
además carece de formalismo, ya que no poseen orden del departamento emisor y,
por tanto, tiende a considerar que la información reflejada no sea fidedigna”. Advierten que el inventario final de harina de girasol “no
coincide” con el teórico, arrojando una diferencia “no justificada por 372,78 toneladas”.
El Cispr agrega, en su apreciación final de este punto, que se
estaría en presencia de infracción de la normativa tributaria, delitos de
peculado doloso propio, además del culposo, sancionados en la Ley Contra la
Corrupción.
El Cuerpo de Inspectores Socialista fue credo en abril del presente año por el Presidente Nicolás Maduro, para atacar la corrupción y el burocratismo |
PÚBLICO Y PRIVADO
En el reporte de ventas, por redes de distribución, de enero a
mayo de 2013, se evidencia, según el informe, que el 71% del total de las
ventas se destina a la red privada de distribución, equivalentes a
17 mil 509 toneladas, mientras que el 29% restante, unas siete
mil 142 toneladas, se dirige a la red pública como Mercal, Pdval, Abastos
Bicentenarios, entre otros.
El grupo interventor reconoció que, en términos porcentuales,
Industrias Diana, pese a ser estatal, tiene la segunda menor participación dentro
del mercado nacional en el rubro de aceite regulado “dirigiendo su política
actual de negocio a competir en el no regulado, que es el que genera más
ganancia”, estrategia que, denuncian, se escapa de la “función social de surtir
aceite regulado al pueblo y va contra el objetivo principal de Industrias Diana
como empresa nacionalizada”.
Otro de los aspectos que levantó las alarmas del CISPR fueron
algunas de las donaciones que realizó el departamento de Desarrollo Social, donde
no poseen montos y se otorgaron, muchas de ellas, a personas naturales sin especificar
en qué serán invertidos.
“No se recibió, por parte de esta comisión inspectora, la
relación detallada de los recursos aprobados con el Fondo de Responsabilidad
Social (montos, beneficiarios, fecha y estatus del financiamiento). Tampoco se
conoce su forma de manejo, la cuenta en que se encuentra depositado y quién es
el cuentadante”, resalta el documento.
Tras hacerse público este documento, sumado a la destitución de
la anterior gerencia, en Diana algunos trabajadores y directivos se declararon en
rebeldía, hasta llegar al punto de no permitir el ingreso de autoridades del
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación
Nicolás Maduro designa a nuevo Presidente de Industrias Diana
El mandatario nacional designó al General Dester Bryan Rodríguez como presidente de Industria Diana en sustitución del David Mendoza designado por el Ministro Felix Osorio.
Emprender la tarea de fiscalizar las múltiples instituciones del
Estado implicó hacerse de una metodología de trabajo ordenada, que
permita evaluar los resultados obtenidos, a corto, mediano y largo
plazo.
En ese sentido, González Salmerón explicó que los Ministros del área
son informados acerca de la próxima realización de una inspección, que
pueda durar alrededor de dos semanas, dependiendo del ente.
Una vez que la acción fue ejecutada el Ministro es informado de los
resultados. Luego éste dispone de 15 días para presentar las acciones
para resolver la problemática. Al transcurrir ese lapso la Misión
Eficiencia o Nada estipula un plazo de hasta cuatro meses para hacer el
seguimiento de esas acciones, entendiéndose que la resolución de fallas
no puede ser inmediata sino de manera progresiva.
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