martes, 28 de agosto de 2012

General narcoparamilitar fue hombre de confianza de Álvaro Uribe


Exmandatario colombiano pretende desligarse de su jefe de seguridad


JORGE CHÁVEZ MORALES
Al general colombiano Mauricio Santoyo, exdirector de Seguridad del también expresidente Álvaro Uribe Veléz, en Estados Unidos (EE. UU.), le dieron un “coquito” para que hablara de sus nexos con los paramilitares y narcotraficantes, y cien para que se callara. Ahora, mientras él negocia con los agen­tes federales la reducción de su condena, su exjefe, aquel que dijo que no intervino militarmente en Venezuela porque “le faltó tiem­po”, tiembla. 
 
Y no es para menos. Santoyo, un general de la policía en situación de retiro, personal de su más extre­ma confianza, se declaró culpable ante el Tribunal Federal del Distri­to Este de Virginia en EE.UU, de conspirar para proveer apoyo ma­terial y recursos a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre 2001 y 2008. 
Santoyo fue acusado, el pasado 24 de mayo, por un gran jurado en suelo estadounidense por supues­tos vínculos con el tráfico de estu­pefacientes.
El Fiscal del Tribunal Federal, Neil H.MacBride, dijo, en esa opor­tunidad, que: “Esta importante acusación responsabiliza a un indi­viduo malhechor que abandonó su deber de proteger a los colombia­nos para servir a sus propios inte­reses y a los de los traficantes de drogas y terroristas”Pero en Colombia, y gran parte del continente suramericano, es otra la percepción sobre la res­ponsabilidad de Santoyo en esos presuntos delitos y la que pudiera alcanzar a Uribe Vélez, toda vez que el general era personal de su entorno más cercano, tanto así, que formó parte de su primer go­bierno como Jefe de Seguridad Presidencial.
Mientras Santoyo permaneció en Colombia, y se conocía del re­querimiento de la justicia de EE. UU. a su persona, trató de sortear, a cualquier precio, esa solicitud. Se percató que no podría hacerlo y decidió contarlo todo, absoluta­mente todo, con tal de salvar el pellejo.
En una declaración escrita, San­toyo admitió haber aceptado so­bornos de miembros de las AUC a cambio de información sobre las operaciones en curso de aplica­ción de leyes y otros tipos de asis­tencia, que permitieron a las AUC participar en actos terroristas y fa­cilitar su actividad en el tráfico de estupefacientes. 

Además, admitió haber propor­cionado información confidencial sobre ordenes de captura y de de­tenciones en contra de los líderes de esas organizaciones terroristas, en las que se incluían algunas ope­raciones de la Dirección Antidro­gas Estadounidense (DEA), así co­mo de la realización de escuchas telefónicas no autorizadas, entre muchas otras cosas más.
“Debido a una ardua labor y a la cooperación de la Administración de Control de Drogas y la Policía Nacional de Colombia, hemos sido capaces de llevar esta investiga­ción y el enjuiciamiento a una con­clusión exitosa”, añadió el Fiscal Neil H.MacBride, cuando hizo pú­blico los motivos de la detención de Santoyo.
DEDO PARAMILITAR
La investigación contra el ex jefe de seguridad de Uribe Vélez co­menzó luego que tres jefes de las AUC, que cumplen condena en EE.UU. como extraditados, Salva­tore Mancuso, Juan Car­los “El Tuso” Sierra y Carlos Mario Jiménez “Macaco”, declararon so­bre los nexos con el en­tonces jefe policial.
El general retirado se enfrenta a una pena mí­nima de 10 años de pri­sión y a una máxima de 15 cuando sea senten­ciado el próximo 30 de noviembre.

AMORES DE VIEJA DATA
La relación entre San­toyo y Uribe comenzó en 1995, cuando éste for­maba parte de la Unidad Antisecuestros de la Po­licía Colombiana (GAU­LA). Tras muchas reunio­nes y conversaciones, Uribe lo nombró como jefe de seguridad mientras él era candidato presi­dencial en su primer período.
Una vez que el candidato se con­virtió en Presidente de Colombia, fue nombrado como jefe de Segu­ridad Presidencial, en el período de Gobier­no (2002-2006).
Durante su segun­do mandato, Santoyo se mantuvo siempre cerca de Uribe, aun­que no ostentó cargo alguno, debido a una denuncia de la fisca­lía que lo pasó a si­tuación de retiro obligado.

MUERTES POR DELACIÓN
Cuando Santoyo di­rigía el Gaula desple­gó un intenso espio­naje mediante inter­ceptaciones ilegales a los teléfonos de líderes de los derechos humanos que luego fueron des­aparecidos por las autodefensas de “Don Berna”. Igual es autor del ex­terminio de la familia Usuga, uno de cuyos miembros es parte de la guerrilla de las Farc en Uraba.
Su relación con la poderosa or­ganización narcoparamilitar “Ofi­cina de Envigado”, que concentra­ba a la delincuencia de Medellín y Antioquia, lo transformó en un je­fe temido, puesto que en esa orga­nización, participaban, narcos, pistoleros, policías, jueces, genera­les del Ejército, jueces, magistra­dos, senadores, empresarios, terra­tenientes, dueños de periódicos y algunos altos representantes de la Iglesia Católica.
Desde su posición privilegiada, Santoyo proporcionaba a los para­militares datos clasificados sobre el lugar de residencia y movimien­to de diversos dirigentes sindicales de izquierda y representantes de organizaciones no gubernamenta­les (ONG).
Cuando esto ocurría, al poco tiempo estos dirigentes aparecían muertos, asesinados con terribles huellas de torturas.
Este general, quien además es un audaz empresario de la panela en el pueblo de Barbosa, y próspe­ro exportador de alimentos a di­versos países, vio crecer su fortu­na gracias al denominado Plan Co­lombia, que era sustentado con millones de dólares provenientes de EE.UU. y la Unión europea, para supuestamente luchar en contra del narcotráfico.  

El Plan Colombia proveyó a ese país un total de siete mil millones 557 millones de dólares, de los cuales, EE.UU. aportó mil 574, Eu­ropa mil 250 y Colombia -a través de créditos no reembolsables-cuatro mil.
Santoyo en 2003 ordenó que se hicieran intercepciones telefóni­cas a mil 880 personas, entre 1997 y 1999, muchas de las cuales apare­cieron muertas posteriormente. Por ese motivo, fue pasado a retiro en 2006, siendo coronel.
Ese mismo año, el Consejo de Es­tado, ordenó la suspensión de esa sanción pero no su reintegro. Sin embargo, luego que el alto efectivo castrense interpusiera una deman­da en contra del Estado por más de 200 millones de dólares, fue resti­tuido a la actividad y ascendido a general.
En esa oportunidad, es decir el cinco de diciembre de 2007, 50 se­nadores colombianos votaron a fa­vor de su ascenso, mientras que só­lo nueve lo hicieron en contra.
Uno de los magistrados que ac­tuó para apoyar su reingreso a la Policía Nacional de Colombia, fue el hoy procurador Alejandro Or­dóñez, quien habría obrado ilegal­mente a favor de Santoyo

PARAPOLÍTICA LO APOYÓ 
Entre los 50 senadores que apo­yaron en ese entonces el ascenso se encuentran los expresidente del Senado Miguel Pinedo Vidal (Cam­bio Radical, condenado por nexos con paramilitares); Javier Cáceres (Cambio Radical, condenado por parapolítica); Nancy Patricia Gutié­rrez (Cambio Radical, quien fue in­vestigada por presuntos nexos con paramilitares y absuelta en el caso de las “chuzadas” del DAS); Her­nán Andrade (Partido Conserva­dor, investigado por presuntas irregularidades en la administra­ción de bienes de la DNE); Luis Humberto Gómez Gallo (Partido Conservador, capturado por para­política); Dilian Francisca Toro (La U, investigada por presunto lavado de activos).  

En la lista de parlamentarios también se certifica que votaron por Santoyo senadores con líos ju­diciales como Humberto de Jesús Builes (Cambio Radical, detenido por parapolítica); Iván Díaz Ma­teus (Partido Conservador, captu­rado por violar régimen de inha­bilidades); el fallecido Ricardo El­cure Chacón (Colombia Democrá­tica, investigado por parapolítica y heredero de la curul de Mario Uribe); Guillermo Gaviria Zapata (P. Liberal, capturado por parapo­lítica); Ciro Ramírez (partido Con­servador, expresidente del parti­do y capturado por parapolítica. Primero en proponer la reelec­ción de Uribe en 2004); Óscar Suá­rez Mira (Alas, capturado por pa­rapolítica); Rubén Darío Quintero (Cambio Radical, pagó condena por nexos con el jefe paramilitar alias ‘El Alemán’ parapolítica); Zu­lema Jattin (La U, investigada por parapolítica y con casa por cár­cel); Óscar Josué Reyes (Conver­gencia Ciudadana, condenado por parapolítica); Adriana Gutiérrez (La U, quien renunció a su investi­dura como congresista ante inves­tigaciones por parapolítica, de las cuales fue absuelta).  

Entre los que también aproba­ron el ascenso de Santoyo está Jor­ge Visbal Martelo, del partido de La U, quien fue nombrado por el pre­sidente Santos en la embajada de Colombia en Perú, cargo al que re­nunció por la orden de detención en su contra dictada por la Fiscalía, también por presuntos nexos con paramilitares. 
NADA QUE VER 
Ahora, cuando la cancha se le acorta, Uribe se desmarcó total­mente de su hombre de confianza y aseguró que no intercedió para su ascenso, pero que su desempe­ño como jefe de seguridad “fue bueno”. 

Pero cuando las papas, en ver­dad, se comenzaron a quemar, Uri­be consideró una “ofensa” a su Go­bierno la confesión de su exjefe de seguridad,
De esta forma, Uribe retiró el apoyo brindado a Santoyo, en ju­nio pasado, cuando un fiscal de la Corte del Distrito Este de Virginia (EE.UU.) le acusó de haber conspi­rado para el tráfico de estupefa­cientes con la red de sicarios de la Oficina de Envigado, creada en la década de los años ochenta por el capo Pablo Escobar, y con las di­sueltas AUC.
Como es su costumbre, Uribe a través del Twitter escribió: “La lu­cha contra el terrorismo no puede tener alianzas de representantes de instituciones con bandidos”, aunque más adelante aclaró que “nuestro apoyo a las Fuerzas Ar­madas fue para fortalecer al Esta­do, nunca para permitir alianzas con criminales”.
Después, identificó su gestión como “el Gobierno que empezó a combatir y desmontó a los para­militares” y se defendió: “denun­cié públicamente (visibilicé) ban­didos de todas las organizaciones que en anonimato protegían su impunidad”. 

Sectores políticos de izquierda y algunos periodistas dijeron que Uribe sí había intervenido en la promoción de Santoyo y que és­te, contribuyó en el estableci­miento de la relación del enton­ces presidente con el narcopara­militarismo.
Además -añadieron- que aparte de Uribe, el actual presidente del país Juan Manuel Santos, Luis Car­los Restrepo (ex-comisionado de paz de ese país y hoy prófugo de la justicia) y el exdirector general de la Policía, Óscar Naranjo, también sabían de lo que hizo Santoyo en su momento.

SOLICITARÁN EXTRADICIÓN
El presidente de la República, Juan Manuel Santos aseguró que Santoyo debe ser extraditado a Co­lombia para responder ante las au­toridades, una vez cumpla la pena que se le aplique en el país nor­teamericano. 

Es un caso muy delicado (...) trai­cionó a su institución y a su país”, dijo Santos en su programa ‘En Lí­nea con el Presidente’.
La extradición, según Santos, de­be solicitarse por aquellos delitos por los cuales no sea juzgado en ese país. Además, explicó que soli­cita a la Fiscalía y a la Procuraduría que aceleren las investigaciones en su contra.
“Yo les pediría que adelantaran y aceleraran esas investigaciones y que cuando tuvieran las eviden­cias suficientes, pues imputarán cargos contra este individuo y cuando pague la pena, que va a pa­gar en Estados Unidos, hay que pe­dirlo en extradición aquí para que nos lo devuelvan y confronte la justicia colombiana”, puntual

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